Estados Unidos respondió el jueves a las disputadas elecciones en Venezuela imponiendo sanciones contra 16 aliados del presidente Nicolás Maduro, acusándolos de obstruir la votación y de violaciones de derechos humanos.

Entre los sancionados están el presidente del Tribunal Supremo, líderes de las fuerzas de seguridad y fiscales. La medida ocurre días después de la salida al exilio de Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que representó a los principales partidos opositores y dice haber ganado las elecciones del 28 de julio por amplio margen.

Las autoridades electorales de Venezuela declararon a Maduro como ganador pero, a diferencia de elecciones pasadas, nunca publicaron el desglose de los escrutinios.

Las condenas globales a la falta de transparencia llevaron a Maduro a pedirle al Tribunal Supremo, dominado por fieles del partido oficialista, a hacer una auditoría de los resultados. El tribunal ratificó la victoria de Maduro.

Expertos de Naciones Unidas y del Centro Carter, que observaron las elecciones a invitación del gobierno venezolano, determinaron que los resultados carecían de credibilidad.

“En vez de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes falsamente se declararon ganadores mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática, en un intento ilegítimo por aferrarse al poder a la fuerza”, dijo en un comunicado el secretario de Estado Antony Blinken.

El Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visas contra aliados de Maduro acusados de entorpecer la votación y de reprimir al pueblo venezolano. Asimismo, el departamento no nombró a tales individuos.

El Departamento del Tesoro ha penalizado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o pasados. El Departamento de Estado ha identificado a casi 2,000 personas que podrían ser sujetas a restricciones de visas, por acusaciones de corrupción, atentar contra la democracia o violar los derechos humanos de los venezolanos.