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La iniciativa deberá pasar por una consulta pública de 60 días antes de una eventual aprobación definitiva.
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, propuso incrementar las tarifas para solicitar la ciudadanía estadounidense, una medida que también contempla eliminar las exenciones de pago y los programas de reducción de costos dirigidos a personas de bajos ingresos.
De acuerdo con el proyecto presentado por el Departamento de Seguridad Nacional, el costo de las solicitudes aumentaría de 760 a mil 330 dólares para los formularios en papel y de 710 a mil 280 dólares para las presentaciones electrónicas. La propuesta también incluye un incremento de 645 dólares en las tarifas aplicables a quienes soliciten la reconsideración de una denegación de ciudadanía.
El documento además plantea eliminar las exenciones de pago y los descuentos destinados a migrantes cuyos ingresos familiares sean iguales o inferiores al 400 por ciento del umbral federal de pobreza, lo que modificaría los mecanismos de apoyo vigentes para este sector de la población.
No obstante, las modificaciones no entrarán en vigor de manera inmediata. Antes de una eventual aprobación definitiva, el proyecto deberá cumplir con un periodo de consulta pública de 60 días, durante el cual podrán recibirse observaciones sobre la propuesta.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó el incremento al señalar que busca cubrir completamente los costos asociados con la tramitación de las solicitudes de ciudadanía.
“Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha limitado históricamente las tarifas de los formularios para promover la naturalización, la agencia ya no considera que estas solicitudes deban tener costos más bajos a expensas de otros beneficios migratorios”, señala el documento de la propuesta.
La iniciativa representa un cambio respecto de Administraciones anteriores, que mantuvieron las tarifas de naturalización relativamente bajas con el propósito de fomentar la integración y facilitar el acceso a la ciudadanía para los residentes legales permanentes.
La propuesta forma parte de una política migratoria más restrictiva impulsada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, periodo en el que se han reforzado los procedimientos de evaluación para beneficios migratorios y se ha advertido sobre la posible revocación de la ciudadanía para quienes “cometan fraude” en sus solicitudes.
