Los estados demandantes, encabezados por Texas y Florida, argumentan que el programa es una extralimitación del poder ejecutivo y que viola las leyes de inmigración establecidas. En su demanda, afirman que la implementación del programa tendría un impacto negativo en sus estados, al aumentar la presión sobre los servicios públicos y alentar más inmigración no autorizada.

Por otro lado, los defensores del programa sostienen que esta iniciativa es necesaria para ofrecer una solución humanitaria y pragmática a millones de personas que han contribuido a la sociedad estadounidense, pero que viven en la sombra por miedo a la deportación. Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por las posibles repercusiones de la demanda y han reafirmado su apoyo al programa, destacando su importancia en la protección de los derechos humanos de los inmigrantes.

El proceso legal aún se encuentra en sus etapas iniciales, pero ya ha generado un considerable debate político en todo el país. Esta demanda se enmarca en un contexto más amplio de polarización política en torno a la política migratoria de Estados Unidos, un tema que ha sido central en los recientes ciclos electorales y que sigue siendo una fuente de tensión entre los diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad.

Los analistas anticipan que el caso podría llegar a la Corte Suprema, dado el precedente que podría establecer para futuras decisiones sobre la política migratoria en el país. Mientras tanto, los inmigrantes afectados por la incertidumbre esperan con ansias una resolución que determine su futuro en los Estados Unidos.