¡Síguenos!Mujeres productoras y pequeños agricultores accederán a descuentos, convenios y liberación de garantías.
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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un programa federal para atender los adeudos de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. El esquema contempla cancelaciones totales de deuda, descuentos y reestructuras para casi 70 mil personas con créditos vencidos o judicializados.
La directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, informó que la administración detectó prácticas de cobranza con amenazas, garantías irregulares y una fuerte concentración de litigios en despachos externos. Explicó que el gobierno revisó la cartera crediticia después de identificar casos de acoso contra personas deudoras.
El programa atenderá a 13 mil 404 mujeres productoras con créditos considerados impagables. De ese total, 11 mil 761 mujeres con adeudos menores a 45 mil UDIS, equivalentes a 397 mil 551 pesos, obtendrán liberación total de deuda. En los casos de créditos superiores a ese rango y menores a 10 millones de pesos, el gobierno aplicará descuentos de 30 por ciento y reestructuración del saldo pendiente.
El esquema también beneficiará a 46 mil 567 pequeños productores. La administración federal cancelará adeudos de 29 mil 299 personas con créditos inferiores a 28 mil UDIS, equivalentes a 247 mil 966 pesos. Los productores con montos mayores podrán renegociar pagos mediante descuentos y plazos de hasta 36 meses con tasa nominal anual de 8.5 por ciento.
La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, señaló que el programa no requerirá ampliaciones presupuestarias. Añadió que permitirá cerrar litigios, liberar garantías y actualizar historiales crediticios para que las personas beneficiadas puedan acceder posteriormente a nuevos mecanismos de financiamiento productivo.
Claudia Sheinbaum sostuvo que las deudas crecieron debido a intereses elevados y esquemas de cobranza heredados de administraciones anteriores. También afirmó que el gobierno eliminó contratos con despachos externos y habilitó 43 centros de atención para formalizar convenios, entregar cartas finiquito y concluir procesos judiciales abiertos contra las personas deudoras.
