El diputado Pedro Haces Lago presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México un dictamen que busca ampliar cinco plazos clave de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el fin de asegurar su implementación de forma escalonada, realista y sin afectar la calidad del servicio judicial.

La propuesta, impulsada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y presentada por el diputado legislador de Morena, responde a la solicitud formal del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, quien alertó sobre la necesidad de contar con condiciones institucionales adecuadas para aplicar el nuevo marco legal.

En tribuna, el diputado Pedro Haces Lago recordó que “la justicia civil y familiar es la que más toca la vida cotidiana de las personas”, al referirse a temas como pensiones alimenticias, custodia, herencias y vivienda.

“Cada juicio de pensión, custodia o herencia es una historia donde se juega la dignidad, la estabilidad y el futuro de una familia”, añadió.

Refirió que no se trata de frenar el cambio, sino de asegurar que ese cambio no fracase por precipitación ni improvisación, por ello “este dictamen busca garantizar la capacitación real de operadores jurídicos y prevenir colapsos procesales que terminen afectando a quienes más necesitan justicia”.

“Una reforma no se impone por decreto. Se construye con planeación y con capacitación. Este dictamen no frena el cambio, lo hace posible”, sostuvo el legislador.

Recordó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es uno de los productos legislativos más trascendentes de las últimas décadas en México, “no se hizo al vapor, se construyó a partir de una discusión nacional muy amplia”.

Sin embargo, dijo, lo ambicioso de esta transformación también exige condiciones institucionales, materiales, tecnológicas y humanas adecuadas para su implementación.

Por ello, aseguró que, con esta aprobación, el Congreso de la Ciudad de México reafirma su compromiso con una justicia más humana, moderna y eficiente, construida desde el territorio y para la gente.

Los plazos modificados son los siguientes:

Primero, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, providencias precautorias y juicios ejecutivos civiles orales, la entrada en vigor pasa del 1 de junio de 2025 al 1 de junio de 2026.

Segundo, en las controversias tramitadas en la vía ordinaria civil oral, vía de apremio y juicios faltantes, el inicio se recorre del 15 de noviembre de 2025 al 15 de noviembre de 2026.

Tercero, en la aplicación supletoria del Código en materias como extinción de dominio, comercio y otras leyes especiales, se recorre igualmente del 15 de noviembre de 2025 al 15 de noviembre de 2026.

Cuarto, en el ámbito familiar, para controversias que no se relacionen con jurisdicción voluntaria, la aplicación también se traslada del 1 de junio de 2025 al 1 de junio de 2026.

Y quinto, en los procedimientos sucesorios testamentarios e intestamentarios, la entrada en vigor pasa del 15 de noviembre de 2025 al 15 de noviembre de 2026.