ACNUR, el organismo para los refugiados, advierte que los recortes financieros amenazan años de avances en la protección e integración de poblaciones desplazadas en Colombia, afectando especialmente a mujeres, niños y familias vulnerables.

El desfinanciamiento ha obligado a suspender servicios esenciales a estas poblaciones, especialmente en el Catatumbo, donde más de 63.000 personas han sido desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados. ACNUR ya no puede distribuir colchones, mantas, kits de higiene, lámparas solares ni mosquiteras, pese a que la violencia continúa.