Sudán acusaba a los Emiratos Árabes Unidos de violar la convención contra el genocidio al armar y financiar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en la guerra civil que vive el país.

La reserva hecha por Emiratos en 2005 al artículo IX de la Convención impide la jurisdicción automática del Tribunal.

“De ello se deduce que el Tribunal, al carecer prima facie de competencia para conocer de la demanda de Sudán, no puede indicar las medidas provisionales solicitadas con el fin de proteger los derechos invocados en la demanda presentada por Sudán”  dijo el presidente Yuji Iwasawa.