El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 335 votos a favor y 108 en contra, una reforma al artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida incluyó la extorsión y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. En contraste, quedaron fuera del dictamen los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, que formaban parte de la propuesta original del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó dos reservas que excluyeron el narcomenudeo y la defraudación fiscal del catálogo de delitos con prisión preventiva. Monreal argumentó que el objetivo es evitar interpretaciones que, según él, permitan que los jueces liberen “indebidamente” a personas involucradas en delitos graves. “Es necesario modificar este artículo en la reserva que planteo, y que los jueces y juezas no interpreten y no liberen indebidamente a los presuntos delincuentes o a los delincuentes confesos por alguna argucia de carácter técnico-jurídica”, expuso Monreal durante la sesión.

Además de estas modificaciones, en una tercera reserva se integraron los delitos cometidos para la introducción, producción, preparación, distribución y almacenamiento de precursores químicos y sustancias químicas esenciales vinculadas a la fabricación de drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados. Esta ampliación del catálogo de delitos responde a la creciente preocupación por la distribución y consumo de drogas sintéticas, en particular el fentanilo, cuya circulación ilegal ha sido señalada como una problemática grave para la salud pública y la seguridad.

Monreal también anticipó que su partido, junto con aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propondrá en el corto plazo una reforma fiscal integral. “Muchos de nosotros creemos, en Morena, en el PT, y en el Verde, que México necesitará una reforma fiscal profunda muy pronto. Porque la distribución de la riqueza y porque la sociedad igualitaria a la que aspiramos requieren un mayor esfuerzo de los que más tienen. Esa es nuestra filosofía: la progresividad fiscal”, aseguró Monreal.

No obstante, la discusión en la Cámara baja generó una fuerte crítica por parte de diputados de oposición, quienes advirtieron que esta reforma podría vulnerar los derechos humanos. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron que la medida afectará principalmente a personas con menos recursos, quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir los costos de representación legal y protección de sus derechos en el proceso judicial. Según sus comentarios, la reforma tendría el riesgo de convertir la prisión preventiva en un instrumento de presión injusto sobre los sectores más vulnerables de la población.

La aprobación de esta reforma constitucional forma parte de una serie de iniciativas de Morena y sus aliados para modificar el sistema penal y combatir el tráfico de drogas en el país. Con el objetivo de reforzar la seguridad, el oficialismo ha impulsado estas medidas pese a las advertencias de organizaciones de derechos humanos y de algunos sectores de la sociedad civil que sostienen que la prisión preventiva debería aplicarse sólo en casos excepcionales y no como norma en delitos graves.

La reforma pasará ahora al Senado de la República para su revisión y, en su caso, ratificación. Para entrar en vigor, la modificación al artículo 19 constitucional deberá ser aprobada por al menos dos terceras partes de los senadores y posteriormente recibir el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales.