¡Síguenos!SFP manipular interacciones con recursos públicos es sancionable
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ITAIPUE advierte sobre violación de privacidad y uso indebido de datos.
Fiscalía estatal puede investigar delitos de abuso de autoridad.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha señalado que el uso de bots y la coacción de empleados públicos para inflar interacciones en redes oficiales puede constituir una falta administrativa grave.
¿Qué está pasando?
Las dinámicas detectadas muestran cuentas automatizadas replicando comentarios positivos, mientras empleados son obligados a interactuar en horarios laborales. Esto genera un escenario artificial de respaldo ciudadano.
Mediante plataformas internas que asignan tareas de comentar, reaccionar y compartir contenidos. Los patrones repetitivos evidencian la intervención automatizada. La práctica afecta la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz.
¿Cuándo se detectó?
Estas prácticas se hicieron visibles con la información que surgió de e-consulta
La Fiscalía estatal puede investigar posibles delitos, y el ITAIPUE alerta sobre violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales.
Lo importante
1)Problema de manipular audiencias digitales en términos jurídicos
Usar bots o coaccionar a empleados públicos para manipular interacciones públicas implica, según el caso:
-Uso indebido de recursos públicos (cuando se usa infraestructura, tiempo o nómina del Estado para generar propaganda).
-Abuso de autoridad / ejercicio ilícito del servicio público / coacción (cuando servidores obligan o presionan a subordinados a participar).
-Violación a la protección de datos personales (si se recopilan, comparten o procesan datos de trabajadores/sujetos sin consentimiento o para fines no autorizados)
-Afectación a derechos fundamentales (libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz).
Cada una de esas categorías tiene consecuencias administrativas (multas, inhabilitación, destitución) y puede dar lugar a investigación penal. Cámara de Diputados+2Justia+2
2) Marco legal aplicable (puntos clave)
Responsabilidades administrativas de servidores públicos: La Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes estatales exigen uso adecuado de recursos y establecen sanciones por faltas (inhabilitación, multas, destitución). La conducta descrita puede ser falta grave si hubo beneficio indebido o afectación al interés público. Cámara de Diputados+1
Delitos por hechos de corrupción / abuso de autoridad: El Código Penal Federal tipifica el abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y otros delitos vinculados a la conducta de servidores públicos. Coaccionar o coordinar a trabajadores para fines de propaganda puede integrar esos tipos penales. Justia
Protección de datos personales: La Ley Federal de Protección de Datos Personales (y su equivalente para sujetos obligados) prohíbe el tratamiento indebido de datos personales y establece sanciones cuando se usan datos laborales para finalidades distintas sin base legal. Usar nóminas, registros o identidades de empleados para operar “cuentas” o automatizaciones puede vulnerar estas normas. Cámara de Diputados
Constitución / derechos: El principio constitucional de libertad de expresión y acceso a la información protege tanto la manifestación de ideas como el derecho público a información veraz; las prácticas de manipulación artificial del debate público afectan ese núcleo constitucional. Cámara de Diputados
3) ¿Qué elementos técnicos transforman esa conducta en infracción?
A nivel técnico-jurídico hay dos vectores que prueban la ilicitud:
A. Origen y financiamiento — si las cuentas/bots se crean, alojan o pagan con recursos públicos (equipos, IPs/servidores institucionales, tiempo laboral): eso prueba uso indebido de recursos públicos y posibilita sanciones administrativas y reparación del daño. (Logs de red, horas de conexión, facturas, registros de nómina son evidencia). Cámara de Diputados+1
B. Coacción y dirección jerárquica — si existen órdenes, listados, scripts o plataformas internas que obligan a empleados a comentar/compartir, eso configura ejercicio ilícito del servicio público y/o abuso de autoridad. Pruebas: correos, mensajes internos, capturas del sistema que asigna tareas, registros de acceso, testimonios y cambios en nómina. Justia
Además, tratamiento de datos personales (identidades, credenciales, números telefónicos) sin consentimiento o para fines de manipulación pública añade infracción administrativa bajo la LFPDPPP. Cámara de Diputados
4) Consecuencias previsibles
Administrativas: investigaciones por órganos de control (órganos internos, Secretaría de la Función Pública, fiscalización estatal), multas, destitución, inhabilitación para ocupar cargos públicos. Gobierno de México+1
Penales: si se prueba abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coacción, peculado (si hay desvío de recursos) u otros delitos por hechos de corrupción, pueden abrirse carpetas de investigación y procedimientos penales. Justia
Administrativos locales: en Puebla hay canales y unidades para denunciar faltas administrativas y actos de corrupción (Prointegridad / Secretaría Anticorrupción / Fiscalía Estatal). prointegridad.puebla.gob.mx+1
5) Riesgos adicionales (política pública y reputación)
La práctica degrada la confianza pública, erosiona la gobernabilidad y puede derivar en sanciones políticas y mediáticas. Además, reformas recientes en materia digital y ciberseguridad (en Puebla y a nivel nacional) han puesto mayor atención en delitos digitales; ese marco puede endurecer sanciones o facilitar acusaciones adicionales en lo local. El País+1
6) Evidencia práctica que los investigadores buscarán
Registros de acceso a plataformas institucionales (IPs, horarios).
Correspondencia interna (correos, chats, órdenes).
Listados de usuarios o scripts que automatizan publicaciones.
Pagos o facturas que demuestren gasto público en servicios de bots.
Testimonios de empleados (posible coacción).
Copias/archivos del sistema digital utilizado para coordinar comentaristas.
Esa evidencia es típica para probar vínculo directo entre la autoridad y la manipulación. Cámara de Diputados+1
7) Autoridades y canales para denuncia (Puebla / federales)
Prointegridad (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Puebla) — plataforma estatal para denunciar faltas administrativas. prointegridad.puebla.gob.mx
Fiscalía General del Estado de Puebla — para posibles delitos cometidos por servidores públicos. fiscalia.puebla.gob.mx
Secretaría de la Función Pública (SFP) — para investigación de responsabilidades administrativas a nivel federal y sanciones. Gobierno de México
Instituto de Transparencia local (ITAIPUE) — en casos relacionados con acceso a la información y uso indebido de datos públicos. itaipue.org.mx
8) Recomendaciones prácticas y jurídicas (breves)
Documentar: archiva correos, capturas, URLs, horas y cualquier prueba técnica (logs, archivos del sistema).
Preservar cadenas de custodia: copia forense de dispositivos y registros de red si es posible (evita alterar evidencia).
Denunciar simultáneamente en la Fiscalía estatal y ante Prointegridad/órgano de control interno de la dependencia.
Solicitar auditoría técnica (peritaje en TI) para correlacionar actividad en redes con infraestructura pública.
Considerar protección para denunciantes (testigos/coaccionados) ante riesgos laborales o represalias.
Fuentes clave consultadas (selección de apoyo)
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 6 y derechos). Cámara de Diputados
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares / Sujetos Obligados. Cámara de Diputados
Código Penal Federal — Abuso de autoridad y delitos por hechos de corrupción. Justia
Plataformas y canales de denuncia en Puebla (Prointegridad; Fiscalía General del Estado). prointegridad.puebla.gob.mx+1
