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En un esfuerzo por combatir prácticas de corrupción históricamente arraigadas en el poder público, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la preparación de una nueva iniciativa legislativa: la Ley AntiMilpa, cuyo objetivo será establecer un marco legal firme para erradicar los donativos ilegales o las aportaciones forzadas comúnmente conocidas como "diezmo".
Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que el término “milpa” hace referencia a este tipo de contribuciones exigidas por algunos funcionarios o contratistas a cambio de contratos o favores dentro del aparato gubernamental. Aunque estas prácticas han evolucionado, siguen presentes en distintas áreas del gobierno.
“La corrupción y el abuso del poder son procesos disociativos de la conducta humana. Por eso se crean las leyes: para regular la convivencia y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado”, expresó Armenta.
Como parte del fortalecimiento del combate a la corrupción, el gobernador informó que al menos 478 funcionarios del gobierno estatal están siendo investigados por posibles irregularidades administrativas cometidas durante los primeros cuatro meses de 2025. Las pesquisas están siendo llevadas a cabo por los 22 Órganos Internos de Control del estado, que han iniciado diligencias por omisiones, incumplimientos y posibles actos de corrupción.
Armenta destacó que esta legislación no busca crear más burocracia, sino establecer sanciones claras y contundentes contra quienes incurran en estas prácticas desde el inicio de su gestión. Asimismo, subrayó la necesidad de transparentar el uso de recursos y donativos, pues en muchos casos el porcentaje exigido como “diezmo” supera ampliamente el 10%, afectando directamente el presupuesto y dañando la integridad institucional.
Durante su intervención, también hizo un repaso histórico de los intentos de México por combatir la corrupción, como la "renovación moral" de los años ochenta, y advirtió sobre el riesgo de caer en una sobrerregulación que impida la verdadera aplicación de la ley.
“No hay omisión, pero tampoco hay persecución ni escarnio. Yo no voy a mandar a la policía para que detenga a algún servidor público o lo saque de su oficina, eso es indigno”, aclaró.
Finalmente, el gobernador insistió en que quienes no compartan el rumbo del actual gobierno están en libertad de dejar la administración, pero recordó que este enfoque fue respaldado en las urnas.
La Ley AntiMilpa se perfila como uno de los pilares del actual gobierno para devolver la confianza ciudadana en las instituciones y poner fin al uso político de los recursos públicos en Puebla.
