¡Síguenos!Proponen revisar diseño y considerar aplazamiento para garantizar certeza jurídica.
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La elección judicial concurrente con los comicios de 2027 volvió al centro del debate público tras advertencias de especialistas sobre su viabilidad. ¿Qué ocurre? La consejera del INE, Rita Bell López Vences, y la directora de México Evalúa, Mariana Campos, coincidieron en que el esquema presenta limitaciones operativas, técnicas y de diseño que requieren ajustes.
Durante un foro sobre la reforma al sistema de justicia —encabezado por el senador Javier Corral Jurado—, López Vences fue directa: la concurrencia no generaría ahorros. Al contrario, estimó que el costo podría rondar los 15 mil millones de pesos. Explicó cómo la organización simultánea implica duplicar estructuras completas del proceso electoral. No es un detalle menor.
La funcionaria detalló que la capacitación del personal no puede unificarse. Los modelos de votación legislativo y judicial son distintos, obligando a desplegar equipos, materiales y logística por separado. Eso implica más personal, más supervisión y más espacios para resguardar documentación.
El proceso, además, exige imprimir boletas con medidas de seguridad, instalar casillas diferenciadas y habilitar bodegas específicas. A esto se suman limitaciones en la capacidad de impresión y en los espacios disponibles. Factores como el voto cruzado y la movilidad de funcionarios elevan la complejidad operativa.
Desde otra perspectiva, Mariana Campos advirtió que la elección judicial previa dejó fallas que afectaron la certeza jurídica. Subrayó que el próximo proceso definirá el marco de derechos, contratos y libertades, por lo que pidió un balance serio. Recordó que la concurrencia con otros comicios saturó la capacidad del INE, dificultó el voto informado y expuso candidaturas judiciales a dinámas políticas.
La propuesta es clara: aplazar la elección judicial al menos a 2028, ajustar el modelo, establecer reglas más precisas y mejorar la evaluación de aspirantes.
En paralelo, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno señaló que la reforma implicó la remoción de 1,699 juzgadores federales y 5,000 locales, transformando el sistema de justicia. Advirtió que los cambios deben aplicarse gradualmente para asegurar perfiles adecuados.
Otras voces reforzaron el diagnóstico. Susana Camacho afirmó que el proceso fue acelerado y rebasó a las autoridades. Daniela Arias destacó que la concurrencia complica la experiencia ciudadana por la cantidad de boletas. Jorge Sepúlveda García subrayó rezagos estructurales, mientras que Jorge Peñoñori Pantoja alertó sobre riesgos a la independencia judicial.
En entrevista, Corral insistió: los costos se acumulan y la complejidad crece. Finalmente, se informó que las conclusiones del foro serán entregadas a legisladores, la Suprema Corte y la Presidencia.
