¡Síguenos!Estados Unidos endurece su estrategia contra presuntas redes políticas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
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El administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, aseguró ante el Senado estadounidense que la acusación por narcotráfico presentada contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, marca el inicio de una ofensiva más amplia contra políticos mexicanos señalados por colaborar con organizaciones criminales.
Durante una comparecencia legislativa, el funcionario sostuvo que existen vínculos históricos entre operadores del narcotráfico y actores políticos de alto nivel en México. “No hay duda de que los narcotraficantes y los funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años”, declaró.
El senador republicano John Kennedy cuestionó a Cole sobre la acusación presentada contra Rocha Moya por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. En respuesta, el titular de la DEA afirmó que los funcionarios que cooperen con esas estructuras criminales comparten responsabilidad por el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, expresó Cole. El funcionario añadió: “Le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”.
La acusación fue anunciada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Departamento de Justicia para el Distrito Sur de Nueva York y por la propia DEA. El caso generó atención internacional al involucrar a un gobernador mexicano en funciones al momento de la imputación, situación considerada inédita dentro del esquema judicial planteado por autoridades estadounidenses.
Las declaraciones de Cole reforzaron una postura adelantada días antes por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien señaló que podrían surgir nuevas acusaciones contra políticos mexicanos derivadas de testimonios de narcotraficantes trasladados a territorio estadounidense.
De acuerdo con esa línea de investigación, el flujo de declaraciones permitiría ampliar las indagatorias hacia distintos niveles de gobierno y estructuras de protección política presuntamente vinculadas con organizaciones criminales.
La actual administración estadounidense mantiene como prioridad el combate al tráfico de drogas y la vigilancia fronteriza. Cole aseguró que la Casa Blanca respalda plenamente las acciones dirigidas a desmantelar las redes logísticas y políticas que facilitan operaciones del crimen organizado.
Mientras tanto, el Gobierno de México sostuvo una postura de cautela jurídica. Las autoridades mexicanas reiteraron que cualquier proceso judicial o solicitud de extradición deberá sustentarse con pruebas documentales y verificables.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó previamente que los registros nacionales no muestran indicios de actividad irregular atribuible a Rocha Moya, por lo que México esperará información legal formal antes de adoptar medidas internas.
