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La presunta participación de la CIA en el operativo donde murió Francisco Beltrán, alias “El Payín”, volvió a colocar bajo presión la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Aunque el Gobierno mexicano y la propia agencia estadounidense rechazaron previamente versiones sobre una intervención directa, un nuevo reporte de The New York Times sostuvo que la agencia sí habría colaborado mediante labores de inteligencia y planeación estratégica.
De acuerdo con el diario estadounidense, personas informadas sobre la operación y un exfuncionario señalaron que la CIA proporcionó apoyo de inteligencia para localizar a “El Payín”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa, quien murió tras la explosión de una camioneta cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al norte de la Ciudad de México.
El reporte indicó que agentes estadounidenses colaboraron con autoridades mexicanas en tareas de seguimiento y análisis previo; sin embargo, no habrían estado físicamente presentes en el lugar de los hechos ocurridos a finales de marzo pasado.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó previamente que el operativo fue realizado por elementos mexicanos y negó la existencia de acciones encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras dentro del país. El funcionario insistió en que cualquier cooperación internacional se desarrolla mediante mecanismos institucionales y bajo respeto a la soberanía nacional.
La información surge semanas después de la tensión diplomática generada tras la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua durante un accidente automovilístico ocurrido en Morelos, luego del hallazgo de un narcolaboratorio donde fueron aseguradas toneladas de precursores de drogas sintéticas.
En medio de la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración no autorizó el ingreso de agentes estadounidenses a Chihuahua. La situación derivó posteriormente en la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui, así como en pronunciamientos públicos de la gobernadora Maru Campos, quien negó haber permitido operaciones extranjeras sin consentimiento federal.
El caso mantiene abierto el debate sobre el alcance de la cooperación bilateral en seguridad, especialmente mientras el Gobierno de Donald Trump insiste en endurecer acciones contra los cárteles y México sostiene que las operaciones dentro del territorio nacional corresponden exclusivamente a fuerzas mexicanas.
