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ASE Puebla defiende legalidad en fiscalización de cuentas públicas 2024 Especial

ASE Puebla defiende legalidad en fiscalización de cuentas públicas 2024

La ASE Puebla afirmó que el proceso de revisión sigue dentro de los plazos legales.

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Los Informes Individuales permanecen abiertos a aclaraciones y solventaciones oficiales.

La Auditoría Superior del Estado de Puebla informó que la fiscalización de las cuentas públicas 2024 continúa desarrollándose conforme a los tiempos y procedimientos establecidos por la ley, luego de la difusión de información relacionada con los Informes Individuales y de recientes posicionamientos públicos emitidos por el ex titular del Poder Ejecutivo estatal.

Mediante el Comunicado 012/2026, emitido el 20 de mayo de 2026, la autoridad fiscalizadora precisó que los Informes Individuales derivados de la revisión de las cuentas públicas se encuentran disponibles para consulta desde el pasado 30 de abril a través de sus canales institucionales, bajo criterios de transparencia y acceso a la información pública.

La ASE detalló que, conforme al artículo 62 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, actualmente transcurre el periodo legal de 20 días hábiles destinado a la notificación formal de dichos informes a las entidades fiscalizadas.

Una vez concluida esa etapa, las entidades involucradas dispondrán de 30 días hábiles para presentar documentación, aclaraciones, solventaciones y consideraciones relacionadas con las observaciones emitidas durante la fiscalización.

Asimismo, la institución recordó que el artículo 64 del mismo ordenamiento establece un plazo de hasta 160 días hábiles para que la autoridad fiscalizadora analice las respuestas y emita una determinación técnica y jurídica.

La ASE Puebla consideró improcedente emitir conclusiones anticipadas o descartar posibles observaciones mientras el procedimiento legal continúa abierto y sujeto a revisión.

En el comunicado, la institución reiteró que actúa con autonomía técnica, objetividad y estricto apego a derecho, por lo que cualquier resolución derivará exclusivamente del análisis técnico correspondiente y de las etapas previstas por la legislación vigente.

También subrayó que la fiscalización superior requiere responsabilidad institucional, prudencia y respeto al marco legal durante el tratamiento público de información todavía en proceso de revisión.

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