¡Síguenos!Nuevos análisis científicos colocan nuevamente el sitio en foco judicial
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La investigación del caso Ayotzinapa sumó una nueva línea tras el hallazgo de restos humanos en una funeraria de Iguala, Guerrero. El descubrimiento, fechado en 2014, derivó en la detección de operaciones irregulares de crematorios, incluido uno sin registro, lo que llevó a la detención de propietarios y a una indagatoria en curso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos para comunicarles el hallazgo. El dato no es menor: ubica al establecimiento dentro de las nuevas rutas de investigación, pese a que en etapas previas había sido descartado.
El giro responde a nuevos análisis telefónicos con base científica, apoyados por la Secretaría de Seguridad y otras instancias, que reubicaron el sitio como punto relevante. En paralelo, el proceso avanzó en tribunales con resoluciones que ordenan la entrega de 583 folios de informes militares, mientras la Suprema Corte revisa el alcance de estas obligaciones.
La Sedena sostuvo que ya entregó toda la información disponible, abriendo una controversia sobre la posible existencia de nuevos documentos. El caso, fragmentado en rutas judiciales y administrativas, mantiene tensión sobre el acceso a archivos clave.
Al mismo tiempo, la designación de un nuevo fiscal introdujo métodos inéditos, como el análisis profundo de comunicaciones de la noche de los hechos. Esto derivó en nuevas detenciones y en la apertura de sitios de búsqueda, incluido el predio vinculado a la funeraria.
El gobierno planteó reforzar mecanismos de identificación mediante registros genéticos y bases de ADN, además de solicitar apoyo internacional. La investigación sigue abierta, combinando presión social, revisión judicial y nuevas líneas científicas.
