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Más de 7,600 inspecciones detectan uso ilegal y especulación del recurso
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances de la nueva ley de aguas, una estrategia orientada a eliminar privilegios históricos en el uso del recurso y corregir prácticas que permitieron su comercialización durante décadas bajo esquemas legales.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó que la reforma prohíbe la transmisión de derechos entre particulares, medida clave para cerrar el denominado mercado negro del agua, donde concesiones agrícolas terminaban en usos industriales, inmobiliarios o de servicios.
El nuevo marco legal también bloquea cambios de uso sin control. La intención es clara: evitar que concesiones sin costo, destinadas a la producción de alimentos, se conviertan en negocios lucrativos sin pago de derechos.
Durante la implementación, la autoridad detectó casos de especulación. En Zacatecas, títulos fueron fragmentados y revendidos con ganancias millonarias; en Chihuahua, se otorgaron concesiones sin uso real en acuíferos sobreexplotados.
En la presentación, Sheinbaum exhibió la postura del diputado del PRI, José Luis Calzada Rovirosa, vinculado a concesiones en Querétaro, quien votó contra la reforma. La mandataria señaló que su familia utilizaba títulos agrícolas sin pago para vender agua en pipas, lo que derivó en clausuras y revocaciones.
La Conagua también identificó prácticas similares en esa entidad, con concesiones agrícolas usadas para abastecer desarrollos inmobiliarios y clubes privados.
Morales López informó que la reforma fortaleció la inspección: más de 7,600 revisiones, con más de 1,000 clausuras por uso ilegal. Además, se detectaron extracciones sin concesión en Nayarit y Baja California Sur, ahora sancionadas con multas y prisión.
En el sector industrial, se hallaron irregularidades como falta de medidores, sobreexplotación y adeudos. Una empresa ya inició regularización y ha pagado casi 24 de 44 millones de pesos.
La reforma eleva sanciones por descargas ilegales y obras sin permiso, con multas superiores a 800 mil pesos. Estas acciones permitieron aumentar la recaudación en 3,500 millones en 2025, con proyección de 6,300 millones adicionales.
Asimismo, se gestionaron más de 9,500 trámites para productores. En Baja California, el gobierno entregará directamente derechos de agua a municipios, eliminando intermediarios que en cinco años cobraron más de 531 millones de pesos.
