¡Síguenos!De manera inusual y reiterada, en un llamado republicano, sobrio y hasta amistoso, la presidenta del Poder Legislativo poblano, Laura Artemisa García Chávez, ha convocado a los exalcaldes y exalcaldesas que tienen observaciones en sus cuentas públicas –muchas de ellas que pueden derivar en responsabilidades administrativas y penales– a solventarlas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).
TwittearVisitas: 330
El llamado lo ha hecho la legisladora con contundencia: “no habrá persecución, pero tampoco impunidad”.
El número de expedientes que están pendientes es muy alto: 296, que a la fecha no han sido solventados y sobre los que ya hay investigaciones.
No es común que se haga un llamado así, como el de García Chávez, privilegiando el diálogo y la búsqueda de una solución, porque en el pasado reciente y lejano las cuentas públicas fueron utilizadas como garrotes políticos y hasta como instrumentos de venganzas.
De ahí que resulte muy cuidadoso que Laura Artemisa exhorte a esos exservidores a aprovechar una “última oportunidad para solventar las observaciones, lo que les permitirá cerrar sus ejercicios fiscales de manera adecuada”.
¿Y qué pasa si no? La aplicación de la ley, simple y llana, sin cacería, pero sin excepción. Eso generará responsabilidades administrativas, inhabilitaciones y sanciones penales, porque las cuentas públicas deben ser claras y transparentes, ya que se trata de recursos de los poblanos y las poblanas.
La fiscalización, junto con la legislación y la gestión, es de las labores esenciales del Congreso del Estado y de sus 41 diputados. Ninguno y ninguna de ellas puede renunciar a su obligación de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos, que se hace a través de la ASE, que depende del Poder Legislativo local.
De los 296 expedientes, cuyas observaciones no han sido solventadas y que están en proceso de investigación, 19 corresponden al Ejercicio Fiscal 2019, 87 al 2020, 143 al 2021 y 47 al 2022.
En este tema, lo que llama poderosamente la atención es que algunos alcaldes y alcaldesas parecieran haber dejado para luego o para nunca la búsqueda de solventar las observaciones que les fueron fincadas por la ASE.
Pareciera que, incluso, están preparándose más para una estrategia de cortinas de humo, en la que podrían acusar “persecución política”, por supuesto inexistentes, ante la imposibilidad de solventar esos casos.
¿Qué hicieron, entonces, algunos de esos exalcaldes y exalcaldesas, de conductas irregulares y que están en esos 296 expedientes, con los recursos públicos?
¿Hubo corrupción? ¿Lo saben y por eso no solventan sus pendientes?
No hay cacería, pero que nadie pretenda que un acto indebido quede impune.
